La defensa del novio de Ayuso pide juzgar al fiscal general con indicios que el Supremo rechazó

Además, la defensa incluye la nota de prensa que elaboró la Fiscalía para rebatir la versión mendaz de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, sobre el pacto que estaba buscando su cliente por la presunta comisión de dos delitos fiscales. Un documento difundido el día 14 y que, pese a ser el origen de la querella de González Amador, no fue admitido por el Tribunal Supremo como elemento de prueba al abrir causa al fiscal general y a su subordinada en octubre pasado.

Para los abogados de González Amador, los imputados dejaron de tratarle «como un ciudadano anónimo» por ser «la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid», lo que supuso que «toda la información, documentación, datos personales y contenido haya sido objeto de revelación pública». A su juicio, tanto García Ortiz como Rodríguez «sacralizaron institucionalmente las anteriores revelaciones e incluyeron una nueva revelación (mail de 12 de febrero de 2024) para ganar el relato político mediante la confección y publicación de una nota de prensa de la Fiscalía».

Al hilo, incide en que desde que se publicó la nota «todas las autoridades políticas de grupos rivales al de su pareja sentimental» y los medios de comunicación empezaron a llamarle «delincuente confeso», lo que considera una «lesión de forma absoluta y definitiva de sus derechos fundamentales a la intimidad (...), presunción de inocencia, (...) y derecho de defensa con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial». No obstante, este asunto ya ha sido resuelto por el Supremo al rechazar de forma reciente la querella de González Amador contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por llamarle «defraudador confeso».

En el marco de su escrito, además, rechaza el argumento del fiscal general de que su conducta no sería delictiva porque no se habría revelado el documento adjunto al correo electrónico del 2 de febrero y subraya que en la nota de prensa difundida se reveló «la existencia del mismo». Además, recuerda que el fiscal general eliminó «todos los soportes digitales en los que se contenían los hechos (digitales) por él protagonizados y específicamente las conversaciones con miembros del Ministerio Fiscal y con periodistas». Y afea que alegase que cambiaba de móvil y borra sus datos de forma habitual por el cargo que desempeña.

En consecuencia, su abogado, Gabriel Ramos, pide al magistrado instructor que acuerde proceder contra García Ortiz, toda vez que considera que «se conocen con un detalle apabullante los hechos protagonizados por el recurrente de revelación de cuantos datos personales, información y documentación relacionada con González Amador han pasado, sin tener que hacerlo, por sus manos por ser fiscal general del Estado». También reclama que actúe de la misma forma respecto a Pilar Rodríguez «desde su esencial y necesaria contribución en los hechos punibles diametralmente opuesta al contenido de los actos neutros».