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Alguien tenía que ser el primero, y le tocó a Dylan López Contreras. El chico venezolano, de 20 años de edad, sin tatuajes ni antecedentes ... delictivos, matriculado en un colegio público y con trabajo de repartidor en sus horas libres, se ha convertido en el primer estudiante de un centro de enseñanza estatal de Nueva York detenido por Inmigración este año.
Para mayor agravante, su arresto ocurrió en los juzgados migratorios de la avenida Broadway, a donde el chico había acudido con su madre sin abogado, a lo que se anticipaba como una vista rutinaria. En efecto, el juez desestimó la orden de deportación que aplica a todos los venezolanos amparados por la protección temporal que les diese el Gobierno de Joe Biden, pero los agentes de inmigración, vestidos de paisano, le estaban esperando junto a los ascensores de la quinta planta. Aparentemente, su decisión de rehusar el derecho a un abogado en la sala le puso en sus manos.
«Sabían que él no entendía lo que estaba ocurriendo en el tribunal y usaron una maniobra astuta para detenerlo e iniciar el proceso de deportación», dijo a NY1 Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York. Para cuando su madre lo hizo público, el joven había sido trasladado a varias centros de detención repartidos en New Jersey, Texas, Virginia y Pensilvania, según sus abogados.
La noticia ha causado conmoción no solo entre los 30.000 venezolanos que se estiman quedan en la ciudad, sino entre todos los padres de inmigrantes que acuden a escuelas públicas, donde se han matriculado en los últimos años unos 40.000 hijos de ciudadanos foráneos. La orden ejecutiva de Trump al comienzo de su mandato, en la que eliminaba la santidad de escuelas, hospitales e iglesias, ha hecho que muchos padres dejen de mandar a sus hijos al colegio y les ha desalentado a buscar atención sanitaria cuando lo necesitan. Muchos evitan presentar denuncias o servir de testigos cuando se ven implicados en algún delito, lo que complica la labor policial, mucho menos disputar multas. Ahora también temen presentarse en los tribunales migratorios, lo que anticipa un desorden del proceso, que dejará a más emigrantes en limbo.
La última táctica de ICE (Immigration and Customs Enforcement Agency) es esperarlos cuando acuden a las citas administrativas. Hasta el caso de Dylan, eso no ocurría en Nueva York, pero sí en otras ciudades como Miami, Las Vegas, San Diego o Seattle. Desde 2022 llegaron a la Gran Manzana 230.000 solicitantes de asilo político. Se estima que aún viven en la ciudad unos 32.000 venezolanos, según el Instituto de Política Migratoria, que han quedado desprotegidos desde que el pasado lunes 19 el Tribunal Supremo diese luz verde al Gobierno de Trump para cancelar su estatus. La alternativa al miedo o la autodeportación es comenzar el proceso de asilo individualmente, si se atreven a acudir a los tribunales migratorios.
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