Una amnistía sin olvido

La Ley de Amnistía fue aprobada por las Cortes el 30 de mayo de 2024, con el enunciado «para la normalización institucional, política y social ... en Cataluña». Un año después está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma. La amnistía para los delitos cometidos durante el 'procés' fue la reivindicación que mantuvo unido al independentismo catalán después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo emitiera su sentencia condenatoria contra doce dirigentes secesionistas. Pero fueron los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 los que hicieron posible su promulgación. Se convirtió en el trueque definitivo para que ERC y Junts apoyasen la investidura de Pedro Sánchez, después de que el PSOE se mantuviera en contra de la amnistía. Hasta el punto de que su tramitación parlamentaria se produjo como proposición de ley del Grupo Socialista, con lo que la Amnistía se asimiló a la «normalización institucional, política y social en Cataluña», y ésta a la continuidad de una «mayoría de progreso» como sostén de un gobierno de coalición. A menos de un mes de que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, la medida de gracia legislativa con la que el independentismo aspiraba a borrar la naturaleza delictiva de actos que se sucedieron durante el 'procés' se ha aplicado únicamente al 15% de las personas que según la plataforma secesionista Òmnium Cultural tendrían derecho a sus beneficios. 257 sobre 1.610. Destacando los casos de los dos máximos líderes del movimiento independentista, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que por ahora se han visto excluidos de la amnistía en tanto que la malversación y la inhabilitación no se contemplan entre sus supuestos.