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Los viajeros que optan por la alta velocidad en nuestro país se han duplicado desde 2019 gracias a la liberalización del sector. Pero aun así ... el número de trayectos de larga distancia realizados en tren por habitante y año sigue siendo en España la mitad de lo que representan, por ejemplo, en Francia. Uno de los factores que lastra el uso del ferrocarril para el transporte de viajeros se encuentra en la ralentización de muchos viajes debido al aumento de trenes que circulan sujetos a paradas intermedias, los ajustes en la concurrencia de más operadores y las obras que se realizan en la infraestructura para mejorarla. Problema este último que afecta especialmente al tránsito por determinadas estaciones que tienden a colapsarse.
España cuenta con más kilómetros de vías de alta velocidad que países más extensos y poblados en el mundo, con la única excepción de China, pero no son utilizados de manera óptima. A lo que se suma la dilación de sus conexiones con el País Vasco, Cantabria y Extremadura, que se espera estén finalizadas al término de la presente década, pese a que los plazos se demoran como históricamente ha sucedido en la línea extremeña. Aspectos ambos que precisan de la incorporación de más trenes a la oferta ferroviaria, cuya construcción atraviesa problemas de orden societario o industrial, así como de competitividad en la explotación de una oferta creciente de servicios. En los cuatro primeros meses del año fueron 35,5 millones las personas que viajaron por España en trenes de alta velocidad, atraídas principalmente por la bajada de precios que desde 2021 induce la liberalización del sector.
Pero el paulatino aumento del tiempo de duración de algunos de los viajes y la imagen que proyectan incidencias puntuales pero notorias al respecto añaden incertidumbre a los propósitos que albergue el viajero. Según la patronal de las empresas constructoras, Seopan, se requerirían 151.000 millones de euros de inversión para solucionar los actuales problemas de obsolescencia y saturación de la red ferroviaria. Empeño financiero que sólo podría acometerse a lo largo de muchos años, cuando no está clara la capacidad de retorno que pueda ofrecer una segunda fase de liberalización para la alta velocidad.
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