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En el collar de perlas envenenadas que va encadenando la legislatura, el eslabón de esta semana apenas ha ofrecido una tregua al Gobierno: que, como ... cada principio de mes, no ha habido pleno ni sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. En condiciones habituales y si ella hubiera mantenido su plan, la tumultuosa comparecencia en un hotel de Madrid de Leire Díez, la señalada como 'fontanera' del PSOE ya dimitida de su militancia, habría coincidido con la sesión semanal en la Cámara baja, transformada en un polvorín contra la debilidad de Pedro Sánchez y los suyos. Un arsenal de polarización política cuya onda expansiva ha alcanzado ya de lleno, haciéndolo intransitable, al único espacio para el diálogo multilateral –la Conferencia de Presidentes– que quedaba en pie aunque fuera tambaleándose.
En una estrategia 'in crescendo' que comenzó con amago de plantar a Sánchez en la cumbre territorial de Barcelona si no aceptaba la ampliación del orden del día hasta los 14 temas exigidos por sus baronías, siguió con la conversión de la cita en una reclamación coral al presidente para que adelante ya las elecciones y culminará, este domingo, con la concentración en Madrid bajo la consigna 'democracia o mafia', el PP de Alberto Núñez Feijóo ha buscado acogotar a su rival; todo en una semana marcada por el esperpento de personajes turbios en que ha devenido la publicación de las grabaciones de Leire Díez y ante otra en la que Gobierno y oposición –pero también los socios de investidura– volverán al combate en los escaños del Congreso. La pugna en este junio, que ha comenzado con un calor desmedido y que cerrará el periodo ordinario de sesiones del primer semestre del año, no incluirá, no obstante, la celebración del debate sobre el estado de la nación que Sánchez solo ha convocado una vez –el 12 de julio de 2022– en sus siete años en La Moncloa.
Aquel pleno, en el que el líder socialista pegó un volantazo a la izquierda para amarrar a un Podemos aún sentado en el Consejo de Ministros y en el que Feijóo no podía ejercer todavía como jefe de la oposición, es, también, el primero y único escenificado desde 2015. Hasta entonces, la cita afloraba en el calendario democrático con regularidad casi anual. Mariano Rajoy, ya en minoría, evitó regresar al espinoso jardín en un período en el que acabaron operando hechos tan excepcionales como la irrupción de la 'nueva política', la crítica ebullición del 'procés' o la moción de censura con la que Sánchez desalojó al presidente del PP.
Con tres mandatos tras de sí desde 2018 en los que su margen de maniobra se ha ido precarizando; sin Presupuestos actualizados; con la agenda social que le reclaman en el Parlamento –singularmente los socios a su izquierda– orillada por la escandalera en los juzgados y de las supuestas 'fontanerías' en las alcantarillas del Estado; con el PP persuadido de que su ofensiva es ganadora, sea ahora o si su adversario agota la legislatura hasta 2027; y sin ofrecer él mismo desde hace más de un mes –coincidiendo con otro episodio insólito, el apagón– una rueda de prensa con preguntas, el presidente volverá a dejar pasar el caliz de auscultar el estado del país.
Así lo confirman en Moncloa, que no especulan sobre lo que pueda decidir Sánchez al respecto a la vuelta del verano e inciden en que los plenos monográficos que está protagonizando –el último, el 7 de mayo, sobre el repunte del gasto en defensa y el sobrevenido colapso eléctrico– vienen a ser como debates de política general. Es lo que ocurrirá con el obligado pleno explicativo del Consejo Europeo y de la cumbre de la OTAN de finales de este junio; una sesión que tendrá entremezclada, previsiblemente, la comparecencia exigida por oposición y socios por el 'caso Leire Díez'. Pero prueba de los incesantes escollos que afronta el Gobierno es que Sánchez mantiene a medio gas su plan de regeneración democrática, el que anunció tras sus cinco días de retiro en abril de 2024 y que introduce, precisamente, la obligatoriedad de celebrar cada año el debate sobre el estado de España. Y el PSOE y el PP han avalado, no sin bronca, tramitar una proposición de ley para incluir ese mandato en el Reglamento del Congreso.
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