El jurado halla culpable al acusado, pero concluye que actuó enajenado

El jurado ha declarado al acusado del atropello de seis personas en Haro culpable de haber causado intencionadamente la muerte de Manuel Montoya, natural de Santurde de Rioja y trabajador del centro, y de haber causado lesiones a las cinco víctimas restantes, pero concluye que no es responsable criminalmente de los hechos por padecer una esquizofrenia paranoide que en el momento de los hechos anulaba sus capacidades de entender y querer.

Para los miembros del jurado, el atropello de Manuel Montoya fue un homicidio sin alevosía, «un acto impulsivo fruto del delirio que sufría en el momento de los hechos». Consideran probado que el procesado, teniendo en cuenta la declaración durante el juicio de los médicos forenses que le evaluaron siete semanas después del suceso, se encontraba en pleno brote psicótico. «Hay tal distorsión de la realidad que tenía abolida su capacidad de entender lo que estaba pasando», dijeron entonces los peritos.

Los miembros del jurado, que han leído el veredicto tras poco más de 24 horas de deliberación, han considerado probado, por los testimonios de las víctimas durante el juicio, que el día de los hechos, el 4 de septiembre de 2023, sobre las 22.00 horas, se dirigió al centro de salud de Haro con su vehículo, «cuando llegaba al lugar vio a varias personas y desde la rotonda aumentó la velocidad y se dirigió hacia ellas atropellándolas».

En el instante del atropello, el acusado identificó al grupo de sanitarios como agentes de la Ertzaintza y, como en su delirio estaba convencido de que querían acabar con él, «pensó desde la paranoia o ellos o yo», así lo ha detallado el tribunal ciudadano haciendo suyas las palabras de los forenses.

Una vez concluida la lectura del objeto del veredicto, la Fiscalía ha solicitado el internamiento del acusado en un centro psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de 15 años; la misma petición a la que se han adherido dos de las acusaciones particulares. La abogada de la víctima mortal ha solicitado, por el homicidio, 15 años de internamiento, otras dos penas de 19 años de internamiento psiquiátrico por otras dos víctimas, y siete años y medio por cada uno de los tres restantes lesionados. La abogada del médico que resultó herido, 19 años de internamiento psiquiárico por homicidio y atentado. Por último, el letrado que representa a la novia del fallecido solicita 12 años de internamiento y cinco más después de libertad vigilada.

Por su parte, la defensa pide la absolución al concurrir la eximente completa de enajenación mental y reclama, en su caso, como medida de seguridad que permanezca en libertad vigilada o alternativamente bajo la custodia de un familiar para garantizar la adherencia al tratamiento. Además, reclama la libertad inmediata del procesado, que se encuentra en prisión preventiva en el centro penitenciario de Logroño desde que ocurrieron los hechos. Tras analizarlo durante unos minutos, finalmente la juez ha decidido no modificar la situación personal del acusado.

Preguntado por si había entendido lo que pedían las partes personadas en la causa, el procesado ha dicho: «Quiero quedar en libertad». Son las únicas palabras que ha pronunciado a lo largo de toda una vista oral en la que solicitó no estar presente, se acogió a su derecho a no declarar y no hizo uso de su turno final de palabra.

A lo largo de las cinco jornadas de juicio la cuestión mollar no eran tanto los hechos, que no se han cuestionado en ningún momento, sino si el procesado, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, tenía sus capacidades cognitivas y volitivas anuladas o no en el momento de los hechos. De ahí, que desde el inicio del proceso, la diferencia entre las posturas de la Fiscalía y el resto de acusaciones, seis en total -una por la víctima mortal y las cinco restantes por cada uno de los cinco heridos-, la ha marcado la eximente completa de enajenación mental que para el Ministerio público es aplicable en este caso, mientras que no lo es para el resto, al menos de forma íntegra.

Los forenses que evaluaron al acusado el 26 de octubre de 2023, siete semanas después del suceso, concluyeron que tenía anuladas sus capacidades cognitivas y volitivas. «Hay tal distorsión de la realidad que tenía abolida su capacidad de entender lo que estaba pasando». Incluso cuando le examinaron, aún habiendo transcurrido casi dos meses y estando en tratamiento, «el brote psicótico permanecía inalterado, lo que da idea –dijeron– de la gravedad». Por entonces, seguía insistiendo en el mismo delirio, en la idea de una trama, de un complot de la Ertzaintza y del Gobierno, «que querían ir en contra de él».

Desgarradoras fueron las declaraciones de las víctimas en el primer día de juicio. «Recuerdo un impacto tremendo, los gritos, el intento de situarme, mucho ruido, muchas voces y el sabor de la sangre». Así relató cómo vivió lo ocurrido el 4 de septiembre de 2023 un médico de emergencias de la UVI móvil que, a consecuencia del impacto, salió despedido.

Los hermanos de la víctima mortal, el técnico sanitario Manuel Montoya, vecino de Santurde, recordaron que no había pasado ni un mes del suceso y su padre se cayó por las escaleras. Cuando le preguntaban qué le había pasado, él contestaba: «Me he acordado de mi hijo y he perdido el equilibrio». «De ahí ya no salió», relató la hermana.

Los padres del acusado pidieron «mil perdones» a la familia de Montoya «en nombre de mi familia y de mi hijo, y a los lesionados también. Sé que es difícil de comprender, pero si algún día nos pueden perdonar se lo agradecería mucho». »Eso no lo hizo mi hijo, lo hizo su enfermedad, maldita su enfermedad, no él, él no haría daño a nadie en este mundo», dijo.

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