Juicio por el atropello mortal en Haro

La psiquiatra que trató al acusado asegura que la Ertzaintza era su «foco delirante»

Esta misma profesional, que declaró en calidad perito, a preguntas de las acusaciones ha asegurado que «nunca sospechó represalias contra la personas que creía que le perseguían». La última vez que le vio fue tres días antes del suceso. Le había citado a su consulta a raíz de que su madre contactó con ella preocupada por el estado agitado de su hijo. Ese día le comentó que se sentía perseguido por la Ertzaintza, tenía prisa por ir a trabajar, pero entonces no valoró «un riesgo para hacer un ingreso involuntario». «Creo que minimizó algo de información por riesgo a que le ingresara como hacen muchos pacientes», prosiguió.

En la misma sesión ha declarado la psiquiatra que valoró al acusado el día después del suceso, cuando tuvo que ser trasladado desde el calabozo al hospital San Pedro por intentos autolíticos. Ha explicado que su conducta «estuvo motivada por un delirio paranoide», por una «descompensación psicótica», «tomó la decisión por la paranoia, o ellos o yo» porque, según le manifestó, «identificó al grupo de víctimas como parte de los miembros del gobierno que estaban actuando contra él».

Las semanas previas al atropello, siempre según lo que le manifestó el procesado, un vecino de Basauri de 32 años, «había tenido vivencias de persecución, señales de que estaba pasando algo, descubrimiento de que hay un complot y que le iban a matar». De hecho, le contó que había estado en Barcelona, que había dormido en el coche «en sitios donde había cámaras porque se sentía protegido y así si lo mataban había pruebas de que lo habían asesinado».

En el calabozo de la policía Local de Haro, le comentó que oía una voz que le decía que «se tenía que suicidar o si no iría al infierno». Es lo que la testigo ha calificado de «alucinación auditiva». En sus delirios, «decía que le perseguía la policía vasca, el gobierno e instituciones». También olía a gas los días previos en casa, en el coche y luego en prisión, en concreto, en marzo de 2024 cuando tuvo que ser ingresado de nuevo en el San Pedro. Todo ello «lo asociaba a un intento de matarlo», ha indicado. Entonces le prescribieron un tratamiento para esquizofrenia persistente, porque el anterior no llegaba a controlar todos los síntomas.

En la misma sesión, dos agentes del equipo de delitos contra las personas de la Guardia Civil han desgranado el relato de los hechos que hicieron tras recabar ese mismo día, el 4 de septiembre de 2023, el testimonio de las personas que estaban en el lugar del suceso. Pasaba la medianoche y los padres les contaron que, dado el estado de nerviosismo en el que se encontraba el procesado, decidieron acudir al centro de salud de Haro para calmar su «estado de agitación». Al llegar, el acusado pudo identificar a los sanitarios que conversaban en el parking con policías por los rotativos de las ambulancias y los chalecos naranjas. Al menos, así se lo detallaron los padres a los agentes que han declarado este miércoles en el juicio que se sigue desde este pasado lunes en la Audiencia Provincial.

Una vez que el coche paró, cuando ya había arrollado a seis personas, causando la muerte a una de ellas, dijo: «La culpa es del gobierno, mirad lo que han conseguido». Al ser detenido, el propio procesado se identificó como policía, aunque en realidad ya no lo era. Lo fue en 2020, entonces aprobó unas oposiciones para municipal en Bilbao, pero a raíz del primer brote que sufrió unos dos meses después tuvo que abandonar el cuerpo porque tenía prohibido manejar armas.

Los testigos que se encontraban en el centro de salud la noche del accidente «decían que el acusado soltaba frases como que estaba siendo vigilado, que era una cuestión del gobierno». Y los padres les contaron que aquellas palabras no eran nuevas, «ya las había dicho antes, hablaba de vigilancias, de sospechas, de contravigilancias, que había una información que él conocía y temía ser eliminado por parte del Gobierno».

En la zona del atropello, han continuado los agentes, no había marcas de frenada ni cambios bruscos de dirección. El vehículo del procesado se encontraba parado de lado, pero «tanto los padres como los testigos dijeron que frenó y dio marcha atrás para intentar dar la vuelta, entonces el padre accionó el freno de mano». Ni los cinco heridos ni el fallecido como consecuencia del atropello tuvieron ninguna posibilidad de evadir el impacto. Según los agentes, «fue inmediato, sorpresivo y voluntario. Iba a propósito a por los viandantes».

En el momento de su detención por parte de la policía local de Haro, siempre según el testimonio recabado por los agentes, no opuso resistencia, seguía gritando que era culpa del gobierno, pero después se mostró tranquilo, de hecho, a la media hora se quedó dormido. Al día siguiente, en el calabozo, los agentes de la policía local les advirtieron que el procesado tenía un comportamiento extraño, que podían ser intentos autolíticos. En las imágenes de las cámaras del calabazo se veía que «él observaba el grifo de la ducha por si podía enrollar una tela blanca, que podía ser una sábana o una toalla, y envolvérsela en el cuello». Llamaron al 112 y trasladaron al encausado al hospital San Pedro.

La Fiscalía pide la absolución del acusado al considerar la eximente completa de anomalía o alteración psíquica. No obstante, pide que se le imponga una medida de internamiento «para tratamiento médico en establecimiento adecuado con un plazo máximo de 25 años». Las acusaciones particulares reclaman hasta 75 años de cárcel.

En concreto, la acusación particular que representa a los padres y hermanos del fallecido, Manuel Montoya, de 32 años y vecino de Santurde, considera al acusado autor de un delito de homicidio consumado, por el que pide quince años de cárcel, y de cinco delitos de homicidio en grado de tentativa por los que reclama por cada uno siete años y medio de prisión.