Así es el complejo proceso para solicitar la jubilación anticipada en las profesiones duras o de riesgo

El Gobierno dio este martes un paso adelante para que las profesiones de especial dureza o peligrosidad puedan jubilarse antes de tiempo y sin ningún tipo de recorte; eso sí, nunca antes de los 52 años y siempre y cuando no sea posible mejorar sus condiciones de trabajo. Pero no será un camino fácil ni rápido, puesto que para beneficiarse de este retiro deberán cumplir una serie de criterios muy precisos y objetivos, basados en unas fórmulas establecidas en función de las bajas y accidentes laborales en su colectivo –entre otros factores–, así como afrontar un complejo proceso burocrático de peticiones e informes varios antes de que la Seguridad Social dé su visto bueno, por lo que en cualquier caso, hasta lograrlo, tendrán que transcurrir unos cuantos meses.

Pero a lo largo de esta semana, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo reglamento aprobado ayer por el Consejo de Ministros, colectivos que ya estaban reclamando este derecho, como los camioneros, camareras de piso, albañiles, cuidadores de dependientes, tripulantes de cabina..., ya podrán solicitar a la Seguridad Social, a través de los sindicatos y empresarios, que se les apliquen unos coeficientes reductores que supondrá que tendrán que pagar una cotización adicional por ello –que se fijará cada año en los Presupuestos Generales y correrá a cargo sobre todo de las empresas– pero, a cambio, cada año cotizado se les contabilizará como un periodo más largo y les permitirá así acceder a la jubilación antes de lo establecido y sin merma en su futura pensión.

Se asemejarán así a otras profesiones que ya lo tienen reconocido, como los mineros, trabajadores del mar, toreros, bomberos, pilotos... colectivos a los que no se les va a quitar este derecho, puesto que no les afecta la nueva norma, según precisó este martes la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

El nuevo real decreto, que ve la luz con varios meses de retraso sobre el calendario previsto y que fue consensuado con los agentes sociales, fija ya el procedimiento previo para determinar esos supuestos que permiten anticipar la edad de retiro. Así, por ejemplo, la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones; el uso permanente de la fuerza física; la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos; o un ambiente susceptible de ser perjudicial para la salud del trabajador serán criterios para determinar la penosidad o peligrosidad de una profesión concreta, porque esto no va a afectar a sectores al completo.

Para acreditar la concurrencia de estas circunstancias objetivas se ha establecido una fórmula con indicadores objetivos, que tendrá en cuenta la incidencia de la incapacidad temporal del colectivo (tanto por contingencias profesionales como comunes), la duración media de esas bajas, los fallecimientos e incapacidades permanentes en ese grupo profesional.

Una vez que los sindicatos y patronales soliciten de forma conjunta estos coeficientes reductores, la Seguridad Social se encargará de elaborar un informe de morbilidad y mortalidad, acompañado de los que también elaborarán la Inspección y el Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo.

Toda esa documentación será estudiada por una comisión de evaluación, que será la que dará luz verde o rechazará la petición. No obstante, el ministerio tiene un plazo de cuatro meses para poner en marcha esta comisión, que tendrá a su vez seis meses para evaluar cada solicitud, por lo que no es probable que antes de fin de año haya nuevas jubilaciones anticipadas sin recortes.

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