El dilema de los migrantes latinos

Todo parece indicar que estamos en la fase inicial de un proceso que cambiará dramáticamente la presencia inmigrante en Estados Unidos. De ahí surgen varias incógnitas: ¿qué van a hacer las personas que piensan en migrar a EE UU, el país con mayor número de inmigrantes del mundo, pero que ahora ven que esa puerta se les cierra? Y los deportados, ¿se quedarán en sus países o buscarán nuevos destinos?

Si los migrantes deciden buscar nuevos países a los que emigrar y teniendo en cuenta los lazos culturales, de idioma e históricos entre España y Latinoamérica ¿se convertirá nuestro país en un imán para los migrantes latinoamericanos a los que se les veda EE UU? En los cuatro meses que han transcurrido desde su regreso al Despacho Oval, Trump ha cumplido con su promesa de acabar con lo que denomina la «invasión» de migrantes que cruzan ilegalmente las fronteras terrestres.

Si bien no se puede saber, por su propia naturaleza, la cantidad de personas que consiguen cruzar ilegalmente la frontera sin ser detectadas, el número de detenidos por la Policía Fronteriza es un buen indicativo del tamaño del flujo. Mientras que en marzo de 2024 hubo 137.143 arrestos, en el mismo mes de este año se redujo a 7.181. Puede afirmarse que los migrantes han desistido de cruzar ilegalmente a EE UU.

Sin embargo, la promesa de Trump de deportaciones masivas de indocumentados -de los que se estima que hay entre 11 y 13 millones- no avanza como el presidente esperaba. Las cifras están en torno a 850 por día, muy lejos de las 3.000 previstas y que serían necesarias para alcanzar el objetivo del millón de expulsados por año. Esos datos han provocado la frustración en la Administración y remodelaciones continuas en los departamentos que aplican las políticas migratorias.

Uno de los grandes escollos para llevar a cabo deportaciones masivas es que la logística no está organizada, aunque se han aprobado medidas para facilitarla, destacando el trasvase de datos del IRS al Departamento de Seguridad Nacional informando del domicilio de los indocumentados que, a pesar de su estatus, cumplen cada año con Hacienda. Otro de los problemas es que expulsar a un millón de personas por año es extraordinariamente caro y el presupuesto de ICE de $9,5 mil millones no es suficiente para hacer frente a lo que implica. Tampoco tiene éxito la autodeportación, promovida a través de una gran campaña publicitaria y amenaza de multa de $998 por día a quien ignore una orden.

Una de las razones es que el 60% de los indocumentados lleva en el país 10 años o más. Tienen viviendas, trabajos e hijos estadounidenses y pensar en abandonar su vida tal y como la conocen es paralizante y doloroso. También influye que muchos de los inmigrantes recientes todavía deben dinero que pidieron prestado para emigrar o que saben que no serán bien recibidos en sus países, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

A pesar de que la realidad está demostrando que no es fácil deportar masivamente a indocumentados, Trump ha ampliado la categoría de deportables a inmigrantes que ingresaron a EE UU legalmente con programas como parole humanitario o TPS. Es una batalla que todavía se está librando en los juzgados pero dos resoluciones del Supremo han, de facto, ilegalizado a medio millón de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

Esta es la situación actual: el cruce ilegal de las fronteras se ha frenado, pero el ritmo de las deportaciones no es mayor que el de la Administración Biden en su último año. Pero de lo que no cabe duda es que la tolerancia de Estados Unidos hacia los migrantes indocumentados o que migran por razones humanitarias es algo del pasado. Ante esa realidad, retomamos las preguntas del principio, ¿qué van a hacer los migrantes latinoamericanos deportados por EE UU o aquellos que pensaban emigrar hacia ese país y ya no ven el modo? ¿Insistirán en su apuesta por EE UU a pesar de las dificultades? ¿Desistirán de emigrar? ¿Buscarán un nuevo destino? La respuesta dependerá de las circunstancias de cada uno, del acceso a un mínimo de fondos y de la situación en sus países.

Si deciden emigrar y España se convierte en su objetivo, las opciones de llegar a un país en otro continente son, grosso modo, tres: la legal-ilegal, disponible para los que pueden ingresar como turistas sin visado u obtener un visado temporal. Una vez dentro de España se quedan como indocumentados con la esperanza de regularizar su situación. La ilegal, usando redes de tráfico de migrantes. Estas mafias operan en todo el mundo a todo tipo de destinos. La legal, al amparo de la legislación española actual de visados y residencias y, hasta octubre de este año, de la Ley de Memoria Democrática.

La interpretación amplia de esta ley por parte de los consulados, mucho más allá del exilio que siguió a la Guerra Civil, ha provocado una avalancha de solicitudes de la nacionalidad española que sugiere que emigrar a España es una opción apetecible en muchos países. Incluso lo es para migrantes legales en Estados Unidos que están hartos del clima antimigratorio o para los que el modo de vida americano dejó de ser atractivo. Ese es el caso de la profesora universitaria y artista Paula Rennis, una argentina con 30 años en EE UU, ciudadanía por naturalización y casada con un estadounidense. Paula cree que su ciclo en el país ha llegado a su fin porque ya «no es posible equilibrar la vida laboral y la personal» y, además, los alquileres de las viviendas son extraordinariamente elevados.

Solo el tiempo dirá si España acaba absorbiendo parte de la emigración latinoamericana que hasta ahora elegía EE UU como su destino -bien como punto final o bien como puerta de acceso a otros países Schengen-. En todo caso, sería un trasvase a escala. Los dos países no pueden compararse ni en tamaño, ni en población, ni en oportunidades de empleo, ni en salarios.