El jurado delibera ya sobre el crimen de Viniegra de Arriba

Los miembros del jurado deliberan desde las 13.15 horas de este lunes sobre la culpabilidad o no de los tres acusados de asesinar a Djafer Bechkat, de 45 años, y arrojar su cadáver a la torca de Hoyo Mingo en la localidad de Viniegra de Arriba en agosto de 2022.

El magistrado les ha entregado ya el objeto del veredicto con diferentes cuestiones relacionadas con distintos aspectos del caso a las que tendrán que dar respuestas razonadas hasta que alcancen un acuerdo. Para que un hecho sea declarado probado deberá contar como mínimo con siete votos favorables, mientras que para que sea declarado no probado, con cinco. Los mismos para declarar la culpabilidad (7) y la no culpabilidad (5).

En la vista oral, que se desarrolló a lo largo de siete jornadas, los procesados I. Z. y J. A. G. se incriminaron mutuamente de haber disparado a Djafer Bechkat en la nuca, mientras que la acusada J. S. A., pareja entonces de J. A. G., apuntó a I. Z. como el autor material de un crimen que, según la versión de la Fiscalía, se gestó por una deuda de drogas que uno de ellos había contraído con la víctima.

A partir de ahí, J. S. A., siempre según la versión de las acusaciones, solicitó ayuda a su pareja y a I. Z. para «quitarse un problema de encima». El 9 de agosto de 2022 quedaron con Jeff para supuestamente saldar la deuda aunque la intención era acabar con su vida como así hicieron. Hasta el día 11 no arrojaron su cadáver a una sima.

La Fiscalía imputa a I. Z. y a J. S. A. los delitos de asesinato por el que reclama un pena de 24 años de prisión, y tenencia ilícita de armas, por el que pide un año y seis meses más de cárcel; y a J. A. G., además de asesinato y tenencia ilícita de armas le considera autor de un delito contra la seguridad vial por conducir sin puntos en el carné. Por este último solicita que cumpla medio año más de encierro. Por último, el fiscal pide que paguen una indemnización de 200.000 euros al hijo menor de la víctima, que en el momento de los hechos se encontraba bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 60.000 euros a cada uno de los progenitores.

Las defensas, por su parte, piden la absolución de los acusados. En el caso de J. G. A., su abogada señaló al procesado I. Z. como el ejecutor de un crimen en el que su cliente no habría participado ni tendría conocimiento que se iba a producir. El letrado de la acusada J. S. A., pareja del anterior encausado en el momento de los hechos, desvinculó a su clienta del asesinato; mientras que la defensa de I. Z. hizo lo propio con su cliente, quien dijo haber cometido el único error de haber arrojado el cadáver a la torca de Hoyo Mingo y haber sido el «tonto útil».

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